Cuando un estado ratifica un tratado de derechos humanos asume la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en su texto, universalmente y sin distinción de índole alguna. El cumplimiento de esta obligación implica, entre otras cuestiones, la ejecución de políticas que contribuyan positivamente a hacer efectivos estos derechos.
Estas políticas deben diseñarse e implementarse siguiendo ciertos principios, considerados fundamentales en el contexto de los derechos humanos. Estos principios suponen que las acciones que se lleven a cabo aseguren progresivamente el goce pleno de los derechos, sin retroceder en ningún momento a situaciones anteriores. Así también, se deben fijar prioridades para los sectores de la población más expuestos a sufrir situaciones de vulnerabilidad en razón del género, la edad, el lugar de residencia, la situación migratoria, la raza/etnia y/o la presencia de discapacidad, entre otros factores, de manera de subsanar cualquier desigualdad injusta en el ejercicio de los derechos. Finalmente, las acciones deben ser monitoreadas y evaluadas, con el consecuente rediseño en caso de necesidad.
Dada la importancia de las políticas públicas para el ejercicio de los derechos humanos, esta sesión invita a presentar trabajos acerca de políticas que hayan posibilitado avances en este sentido en Argentina y/o el resto de los países del Cono Sur. Serán igualmente bienvenidas las contribuciones que evidencien desafíos para su implementación exitosa, tanto en el ámbito nacional como subnacional.