La seguridad privada, en menor medida y con funciones diferenciadas del servicio de seguridad pública y de salud, debió adaptarse a un nuevo contexto laboral frente a la pandemia, la cual demostró que la seguridad no solo se limita al campo de las fuerzas públicas de seguridad y permitió ver la necesidad del aporte y la participación de diversos actores y sectores multidisciplinarios. La seguridad privada cumple un rol en el cual se complementa y colabora con el sistema de seguridad estatal, siempre en un marco de subordinación bajo la directriz de la prevención y la disuasión, con marcados limites sobre sus funciones y con un estricto control y reglamentación por parte del sistema de seguridad público y ciudadano. Es preciso que la seguridad privada se integrare dentro del modelo de seguridad ciudadana con valores basados en los pilares del respeto y la promoción de los derechos humanos. El ámbito privado, el cual no denotaba relevancia en el marco de las políticas públicas de seguridad ciudadana tomo gran notoriedad en el contexto de encierro COVID-19 visibilizando un gran riesgo y peligro para aquellos sectores vulnerables, víctimas de la violencia de género. Esta situación, genero una visibilizarían sobre los espacios privados como inseguros y resalto la necesidad de transversar políticas públicas que integren a otros actores y los dote de herramientas con perspectiva de género para colaborar en la erradicación de la violencia potenciado por dicho contexto. Teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones provienen del ámbito privado, es necesario reflexionar sobre esta situación y proponer medidas de intervención para que el actor de la seguridad privada se convierta en un aliado más para la erradicación de la violencia de género y no una amenaza, la cual por mucho tiempo ha pasado “desapercibida” por pertenecer a dicho sector.