La seguridad, en mayor o menor medida, se ha trasformado en todas las latitudes en una de las principales demandas sociopolíticas de la actualidad. Los cambios sociales, políticos e ideológicos, observados a nivel global plantearon la necesidad de nuevas explicaciones científicas para las políticas públicas de seguridad (PPS), sobre una criminalidad cada vez más compleja, tanto en sus causas como en sus efectos sociales, económicos y políticos. Así “…La seguridad y su materialización se asocian a un marco y contexto sociopolítico de mayor exigencia que antes, donde términos tales como Estado, democracia y gobernabilidad son de singular importancia…” (Tudela, 2004, pág. 3). Así, la prevención y la participación ciudadana se constituyen en pilares que sostienen el diseño y la implementación de las PPS, a partir de constatar que la mejor forma de afrontar el problema del aumento de la inseguridad -vivido desde la década de 1990 en América Latina - no es exclusivamente policial. Esto da lugar a nuevos lineamientos orientados a un cambio de paradigma, desde la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana, “… considerando a los “…ciudadanos como agentes activos, y no como masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia superior…” (Tudela 2004, 6-10) (las negritas son mías) Este nuevo paradigma que supone un cambio teórico-conceptual, también otorga protagonismo a los gobiernos locales como actores relevantes dentro de la gestión de las PPS. La integración de este nivel de gobierno, da cuenta de otro fenómeno notable: una asociación fuerte entre la noción de “(in)seguridad” y la “criminalidad urbana”, que a su vez se focaliza sobre territorios más acotados y delimitados a nivel sub-municipal .